La defensa de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso procesado en Bariloche por presunta trata de personas, llevó el conflicto sobre su situación legal a la Corte Suprema de Justicia. El abogado defensor Martín Sarubbi presentó un Recurso Extraordinario Federal para que el máximo tribunal intervenga en la disputa procesal.

El núcleo del conflicto es la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico que le fue otorgada a Rudnev. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una impugnación presentada por la defensa, decisión que ahora será revisada por la Corte.

Según el argumento central de la defensa, la fiscalía no tenía vía legal válida para cuestionar mediante casación la decisión que convirtió la prisión preventiva en arresto domiciliario. La defensa sostiene que la morigeración de una medida de coerción no puede revisarse por ese camino procesal, y que al admitirlo, la Cámara habría cometido un acto arbitrario.

El proceso se remonta a cuando el juez de garantías de Bariloche ordenó una prórroga de la investigación y la prisión preventiva. Luego, el Colegio de Jueces de General Roca confirmó parcialmente esa decisión pero suavizó las medidas de coerción. Frente a esto, la fiscalía presentó un recurso que fue rechazado, pero logró que la Cámara de Casación lo admitiera en segunda instancia.

Ahora la Corte Suprema tendrá que resolver si esa admisión fue correcta o si constituye, como sostiene la defensa, una violación de las reglas procesales que torna la decisión revisable por el tribunal de máxima jerarquía.