El Gobierno nacional trabaja en una reforma electoral ambiciosa que busca eliminar las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), reducir la cantidad de elecciones y limitar el financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, dentro del círculo cercano al Ejecutivo conviven visiones encontradas sobre las posibilidades reales de lograrlo.
Una de las tensiones centrales es que la administración libertaria aún no cuenta con los apoyos legislativos necesarios. El PRO y la UCR, principales aliados políticos, no han respaldado el proyecto. Esto ha generado múltiples escenarios en la mesa política: algunos funcionarios creen que hay que avanzar "antes de fin de año", mientras que otras voces advierten que probablemente la reforma completa no salga adelante.
Los especialistas en política dentro del Gobierno coinciden en un punto: sin acuerdos confiables con los gobernadores provinciales, el proyecto de reforma no avanza. Como advirtió una fuente libertaria con acceso a la Casa Rosada: "No hay proyecto si no hay acuerdos políticos confiables y estables. Nadie va a abandonar una herramienta".
Ante este escenario, el Ejecutivo también estudia opciones alternativas. Además de eliminar las PASO, contempla la posibilidad de suspenderlas sin obligatoriedad de interna, o habilitarlas sin carácter obligatorio. El proyecto continúa en la Cámara de Senadores a la espera de definiciones políticas.
Hay quienes dentro del Gobierno son más pesimistas y estiman que finalmente solo se terminen suspendiendo las PASO el año próximo, dejando de lado la reforma integral. Lo cierto es que, aunque la prioridad de la administración está en los ajustes económicos, la estrategia electoral es central para el proyecto de Javier Milei de cara a los próximos comicios.
