La desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger en el sector portuario mantiene paralizado el comercio fluvial en toda la Argentina, con consecuencias directas para proyectos estratégicos de la región.

El conflicto comenzó con la implementación del Decreto 690/2026, que modificó profundamente las normas que regían el servicio de practicaje —la asistencia que prácticos especializados brindan a las embarcaciones para maniobrar en puertos— que venía sin cambios desde 1991.

Los prácticos, que actúan como profesionales independientes sin representación gremial, decidieron de forma coordinada no aceptar nuevos contratos en rechazo a los cambios. Entre las modificaciones está la eliminación de requisitos para que capitanes extranjeros realicen maniobras sin asistencia, el aumento de dimensiones de barcos exentos de contratar prácticos, y la habilitación de Prefectura para prestar directamente el servicio.

En Neuquén, el impacto ya se siente: la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur quedó detenida por las restricciones operativas del puerto de Bahía Blanca, que no puede realizar las maniobras coordinadas.

Desde la Cámara Argentina de Energía informaron que las operaciones portuarias de sus empresas están interrumpidas y advirtieron sobre posibles problemas en el abastecimiento por inconvenientes en el transporte. Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera alertó que cada día parado de un barco representa costos entre 50 y 100 mil dólares, y advirtió sobre el riesgo de que Argentina entre en listas de "país inseguro" para cumplir contratos de exportación.

La parálisis abarca desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, afectando especialmente el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Decenas de embarcaciones permanecen sin actividad en terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.

El Gobierno enfrenta un impedimento legal para resolver el conflicto: como los prácticos actúan como profesionales independientes y no hay un gremio formalizado, técnicamente no existe un "conflicto laboral" que permita dictar una conciliación obligatoria, a pesar de que Prefectura ha intimado a reanudar las actividades consideradas servicio público.