Un proyecto legislativo presentado en Buenos Aires apunta a poner límites a las prácticas de las agencias de cobro extrajudicial, un problema que afecta a miles de personas endeudadas en el país que reportan llamadas y acoso reiterado.
La iniciativa surge a partir de una normativa de 2019 que quedó desfasada frente a nuevas formas de comunicación y financiamiento virtual. Según sus impulsores, la ley actual ofrece pocas herramientas para controlar a empresas que cometen actos ilegales durante los intentos de cobro.
Entre las propuestas de reforma destacan dos medidas clave: crear un registro obligatorio de agencias de cobranza y exigir licencias habilitantes que puedan revocarse si la empresa comete infracciones. Este modelo ya se aplica en Estados Unidos y México.
El proyecto también incluye asesoramiento jurídico gratuito para víctimas de hostigamiento y contempla tanto a empresas especializadas como a departamentos internos de bancos y plataformas de comercio electrónico que realizan gestión de cobros directamente.
La iniciativa se enmarca en la creciente morosidad que atraviesa Argentina, donde familias sin ingresos suficientes contraen deudas que luego se vuelven impagables por los montos y condiciones exigidas por los acreedores.
