El Gobierno envió al Congreso el Presupuesto 2027 con ajustes significativos para Ciencia y Universidades. Las instituciones del sistema científico —como CONICET, CONAE y CNEA— recibirán partidas que acompañen la inflación proyectada en 18% para el próximo año, aunque si esa estimación no se cumple, volverán a perder capacidad de financiamiento real.
El golpe es más profundo para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que sufrirá una quita nominal de partidas del 12,4%, mientras que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) enfrentará una caída nominal del 5,2%. Ambas instituciones acumulan recortes brutales desde 2024: el INTA perdió más del 43% en términos reales, e INTI ronda el 49%.
La cifra asignada a universidades nacionales es de 7,34 billones de pesos, alejada de los más de 11 billones que exige el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores del país. Desde diciembre de 2023, estos organismos ya acumulan pérdidas del 35% en ingresos reales.
Más allá del número, el proyecto introduce una cláusula controvertida: obliga a las universidades a detallar sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano y permite al Ejecutivo interrumpir transferencias si no cumplen. Los rectores alertan sobre la vulneración de la autonomía universitaria y anticipan una conflictividad importante, además de reclamar por la ley de Financiamiento Universitario que está vigente.
