El proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 que impulsa el Gobierno nacional contempla un aumento del gasto total de 5,7%, pero profundiza los recortes en áreas sensibles que afectan directamente a las familias.

Según un informe técnico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los datos más preocupantes están en Trabajo, Promoción y Asistencia Social, que acumula una caída del 74% comparada con 2023. La partida para este rubro crece apenas un 2% para el próximo año, pero el retroceso acumulado es dramático.

En educación la situación no es mejor: aunque se proyecta un aumento del 8% interanual, desde 2023 se acumula una reducción de 44%. En tanto, los servicios sociales en general registran una disminución del 16% en el período 2023-2026.

El presidente Milei había advertido antes de las elecciones de 2025 que modificaría las leyes que aumentaban el gasto público en estas áreas. El presupuesto 2027 concreta esa promesa: avanza en recortes sociales mientras aumenta partidas para defensa y equipamiento militar.

El costo recae en las familias. Los servicios económicos (subsidios, energía e infraestructura) proyectan una caída de 10% entre 2026 y 2027, y de 68% respecto de 2023. Esto significa tarifas más altas para electricidad, agua y transporte.

Según ACIJ, el 40% de los recortes presupuestarios totales de los últimos cuatro años proviene de reducciones en servicios sociales, seguidas por la baja en servicios económicos con 38% de incidencia.

El Gobierno proyecta una inflación de 29% para 2026 y 18% para 2027. Con estos números, los aumentos interanuales en gasto social resultan insuficientes para mantener el poder adquisitivo de las prestaciones.