Un ciudadano peruano fue capturado en el barrio porteño de Chacarita tras incumplir las restricciones impuestas en su detención domiciliaria. La razón: se había removido la tobillera electrónica de monitoreo que debía usar.

El hombre estaba imputado por tenencia simple de estupefacientes. La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, bajo los pasos de la auxiliar fiscal Natalia Pla, reaccionó cuando descubrió que el dispositivo de geoposicionamiento ya no estaba en su poder.

Ante la violación de las medidas cautelares, la fiscal solicitó prisión preventiva. El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, a cargo del juez Julio Reboqui, convalidó la medida por 45 días.

Lo que agravó su situación fue su situación migratoria irregular. Tras verificarlo, la auxiliar fiscal pidió directamente su expulsión del país. El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 30, bajo la orden del juez Juan José Cavallari, autorizó la expulsión y dispuso la prohibición de reingreso a territorio argentino.