La paralización que afecta los puertos argentinos mantiene detenidos más de 45 barcos cargados, lo que genera pérdidas que alcanzan los US$ 4,5 millones diarios para el sector agroexportador. Cada embarcación parada representa un costo entre US$ 50.000 y US$ 100.000 por día.

El conflicto surgió tras la desregulación del sector impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que buscaba reducir costos operativos permitiendo que capitanes extranjeros naveguen sin requerir prácticos locales y eliminando límites de cupos profesionales. Sin embargo, los trabajadores del puerto respondieron con una huelga que paralizó las operaciones.

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC (organismo que agrupa a exportadores agrícolas), alertó sobre el impacto reputacional: "Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación". Aunque reconoció la necesidad de reducir costos, criticó la forma en que se implementó la medida sin diálogo previo.

El problema se extendió más allá del agro. En Neuquén, la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) quedó detenida por la restricción en Bahía Blanca, lo que también afecta el abastecimiento energético de la región.

Tanto los exportadores como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios pidieron una intervención estatal inmediata y la conformación de una mesa de diálogo para resolver el conflicto de manera institucional.