El caso de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso imputado por presunta trata de personas en Bariloche, volvió a tomar relevancia internacional. Organismos de derechos humanos presentaron un escrito ante la ONU cuestionando cómo procede la Fiscalía argentina en la investigación.

Una declaración registrada en la web oficial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentada por las organizaciones United for Human Rights y CAP LC, expresa preocupación por el "deterioro" de la situación del detenido y advierte sobre posibles riesgos de represión transnacional.

El documento señala que tres decisiones judiciales ordenaron trasladar a Rudnev a arresto domiciliario —considerando que padece una severa fibrosis pulmonar— pero en cada ocasión los fiscales apelaron y bloquearon la ejecución de esa orden. Recién la tercera orden fue implementada.

Las organizaciones plantean que esta "negativa persistente a ejecutar órdenes judiciales" genera cuestionamientos sobre el estado de derecho en Argentina. Además, subrayan que Rudnev sigue siendo el único imputado de la causa mantenido bajo arresto, ahora domiciliario, "pese a la ausencia de pruebas en su contra" y a su frágil estado de salud.

En cuanto al fondo de la investigación, el escrito sostiene que las denuncias originales no han sido corroboradas, que los exámenes forenses desmintieron acusaciones de tráfico de drogas y que no hay evidencia de un grupo organizado o actividad criminal. Aun así, señalan, Rudnev fue tratado como un delincuente peligroso y privado de intérpretes y atención médica adecuados.

El organismo internacional invoca tratados sobre derechos humanos que exigen que la prisión preventiva sea excepcional y nunca se use para ejercer presión o castigar a acusados antes del juicio.