Una organización internacional dedicada a monitorear persecución religiosa presentó una denuncia disciplinaria contra el fiscal federal Fernando Arrigo ante la Procuración General de la Nación, pidiendo que sea investigado y retirado del caso contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, acusado de trata de personas en Bariloche.

El Observatorio Internacional sobre la Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR), con sede en Turín, Italia, cuestionó cinco aspectos de la actuación del fiscal: el uso de información proveniente de organismos rusos, el trato dispensado a Elena Makarova (identificada como víctima en la causa), la extensión de la prisión preventiva, la oposición al arresto domiciliario y la evaluación de informes médicos.

Según ORLIR, el conjunto de estas decisiones genera dudas sobre la objetividad, proporcionalidad y respeto de derechos fundamentales en la investigación. La organización señaló que la fiscalía otorgó credibilidad a documentación originada en un sistema judicial internacional cuestionado por su trato a disidentes políticos y religiosos.

Un punto central del reclamo es que Makarova afirmó en reiteradas oportunidades no considerarse víctima de Rudnev ni conocerlo personalmente. La ONG indicó que estas manifestaciones no recibieron valoración adecuada por la acusación. La denuncia incluye una cronología de presentaciones de Makarova durante 2025, incluyendo una carta manuscrita dirigida al juez federal Gustavo Zapata.

ORLIR también cuestionó que Rudnev, detenido desde marzo de 2025, continúe en prisión preventiva. La organización solicitó que se establezca si las manifestaciones de Makarova fueron analizadas por la fiscalía y, en caso de rechazo, cuáles fueron los fundamentos.