La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobará el próximo 21 de septiembre una reforma constitucional que impedirá participar en elecciones a opositores que hayan perdido la nacionalidad nicaragüense. El Parlamento, controlado por el oficialismo, considera a estos sectores como "traidores a la patria" o "golpistas".

El titular del Parlamento, Gustavo Porras, confirmó el avance de la iniciativa durante una sesión realizada en el norte del país. Las consultas parlamentarias sobre el cambio constitucional concluirán el 1 de septiembre.

La reforma responde a una política más amplia del Gobierno de Daniel Ortega, quien afirmó en julio que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones", aludiendo a la posibilidad de que la oposición retorne al poder. Según el oficialismo, los cambios también buscarán anular leyes extranjeras que intenten imponerse sobre las decisiones locales.

Para entrar en vigor, la reforma deberá ser aprobada en dos legislaturas consecutivas. La primera votación está prevista para el 21 de septiembre; la segunda, durante la próxima legislatura que comienza en enero de 2027. En total, la reforma modificará 14 artículos de la Constitución.

Las elecciones generales, que originalmente se realizarían en noviembre de 2026, fueron trasladadas a noviembre de 2027 tras anteriores reformas.

Organismos internacionales han criticado duramente el avance. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la medida puede restringir la competencia política y las condiciones necesarias para la alternancia democrática en el país.