La discusión por la reforma de la Ley de Tierras Rurales volvió a instalarse en el centro de la agenda política. A pocos días del tratamiento en el Senado, la senadora neuquina Nadia Márquez salió a respaldar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y rechazó las críticas que advierten sobre un posible avance de la extranjerización del territorio.

Para la legisladora, la iniciativa apunta a modernizar una normativa que, según sostuvo, terminó desalentando inversiones sin ofrecer mayores garantías para la defensa de la soberanía. "La Argentina necesita recibir inversiones. Lo que estamos haciendo es actualizar una legislación que terminó restringiendo oportunidades de desarrollo sin aportar mayores garantías para la soberanía", afirmó.

Un debate que también atraviesa a Neuquén

Las declaraciones de Márquez llegan en un contexto particular para la provincia. Mientras el oficialismo nacional impulsa elevar del 15% al 25% el límite de propiedad extranjera sobre tierras rurales, el gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto para que las tierras fiscales neuquinas solo puedan adjudicarse a personas humanas o jurídicas argentinas.

Para la senadora, la reforma apunta a generar condiciones que permitan atraer capitales sin resignar el control del territorio. En ese sentido, sostuvo que "la Argentina necesita recibir inversiones" y afirmó que el proyecto busca "actualizar una legislación que terminó restringiendo oportunidades de desarrollo sin aportar mayores garantías para la soberanía".

La legisladora también defendió los cambios incorporados al dictamen al señalar que se mantendrán mecanismos de control sobre la compra de tierras por parte de extranjeros y que continuarán vigentes las restricciones en zonas sensibles. Según explicó, "la apertura a la inversión no pone en riesgo la soberanía argentina", ya que los Estados extranjeros seguirán impedidos de adquirir tierras rurales y el dominio de los recursos naturales continuará en manos de las provincias, tal como establece la Constitución.

Además, cuestionó la normativa vigente al considerar que las limitaciones impuestas durante el kirchnerismo terminaron perjudicando el desarrollo. A su entender, "quienes terminaron beneficiándose fueron quienes compraron tierras fiscales a menor valor y se convirtieron en grandes terratenientes", por lo que insistió en que "la Argentina necesita reglas que promuevan la inversión y el desarrollo".