El Gobierno enfrenta un escollo en el Senado para aprobar sus proyectos clave. Con 21 senadores propios, necesita 16 votos para funcionar, pero sus acuerdos con los gobernadores no garantizan que los legisladores acompañen.

La administración Milei impulsa cuatro leyes fundamentales: reforma electoral, zonas frías, propiedad privada y reforma del Banco Central. Todas están frenadas o sin resolver en la cámara alta, y entre agosto y septiembre se espera definir su destino.

Hasta ahora, el jefe de Gabinete Diego Santilli negocia directamente con los gobernadores, mientras que Patricia Bullrich, al frente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, lleva adelante las tratativas legislativas. Pero esta estrategia no funcionó como esperaba el oficialismo.

El problema: muchos senadores no responden a sus gobernadores o vienen de provincias administradas por el peronismo. La oposición está fragmentada, y dentro de la UCR, el bloque más importante para sumar votos, hay divisiones internas que complican los acuerdos.

De los diez senadores radicales que el Gobierno necesita, solo cuatro están alineados con sus mandatarios provinciales. Los seis restantes son autónomos o pertenecen a distritos peronistas, lo que multiplica las dificultades de negociación.

Además, hay cortocircuitos dentro del Gobierno: esta semana, la ministra Bullrich y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger tuvieron diferencias sobre cómo redactar el artículo de venta de tierras a extranjeros en el proyecto de propiedad privada.

Para avanzar, Santilli y Bullrich deberán cambiar de táctica y negociar directamente con senadores individuales, especialmente con los radicales que operan al margen de sus gobiernos provinciales.