Una maratónica sesión en Diputados que se extendió desde el mediodía del miércoles hasta la madrugada del jueves dejó en claro que la gobernabilidad del Gobierno depende de equilibrios muy frágiles. El oficialismo logró sus objetivos legislativos, pero con márgenes tan ajustados que varios aliados clave aprovecharon para marcar la cancha de cara al futuro.

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía la reposición de la Ley de Tierras kirchnerista, pasó con apenas 124 votos a favor y 119 en contra. Fueron cruciales las abstenciones de los cinco diputados cordobeses de Provincias Unidas y el voto del porteño Álvaro González. El gobernador Martín Llaryora tenía el poder de dar vuelta la votación: si se oponía, la ley caía.

El escenario se repitió horas después cuando el proyecto de Endeudamiento Familiar casi cae en la madrugada. Con 121 votos a favor y 117 en contra, nuevamente las mismas cinco diputadas cordobesas hicieron la diferencia al abstenerse. Sin esa ayuda, la oposición hubiera aprobado su propio proyecto sobre regularización de deudas.

La única iniciativa que cosechó amplio consenso fue la nueva Ley de Discapacidad, que obtuvo 237 votos positivos. Una mayoría de más de dos tercios que reduce drasticamente el riesgo de un veto presidencial, aunque también refleja tensiones internas: algunos sectores de la Casa Rosada querían mantener los recortes en el área que el ministro Caputo ya había firmado en el presupuesto.

El resultado final muestra un oficialismo que gana, pero con las manos atadas. Córdoba y sus aliados regionales no solo tienen poder de bloqueo: tienen poder de negociación directa con el Ejecutivo.