Las autoridades mexicanas detuvieron a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, acusado de desaparición forzada y ocultamiento de pruebas en conexión con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Aguirre, quien tenía 70 años y abandonó su cargo meses después de los hechos, se convierte en uno de los funcionarios de mayor rango procesados por este caso.

El 26 de septiembre de 2014, 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras viajaban en autobuses por Guerrero. Según las investigaciones, fueron interceptados por un grupo criminal que actuó con la connivencia de policías locales. Seis personas más murieron en los enfrentamientos.

A diez años de los hechos, la mayoría de los cuerpos no ha sido hallado. Hasta ahora se recuperaron restos identificables de apenas tres estudiantes. Aunque decenas de personas fueron procesadas, no hay condenados y el paradero de los 43 jóvenes sigue siendo una incógnita.

La fiscal general Ernestina Godoy anunció la captura sin aportar detalles adicionales sobre los cargos específicos. También enfrenta proceso el exfiscal general Jesús Murillo Karam por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.

El caso ha generado versiones contradictorias. El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) concluyó que los cuerpos fueron incinerados y sus cenizas arrojadas a un río. Posteriormente, Andrés Manuel López Obrador ordenó una nueva investigación que calificó los hechos como crimen de Estado. Ambas indagatorias coinciden en que hubo colusión entre criminales y autoridades.

Ahora el caso recae sobre la administración de Claudia Sheinbaum, quien ha prometido alcanzar la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes. Expertos en derechos humanos señalan que uno de los principales obstáculos para esclarecer los hechos es la negativa de la Secretaría de Defensa Nacional de entregar información completa, así como la ausencia de controles civiles efectivos sobre las Fuerzas Armadas.