La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego obligó al gobernador Gustavo Melella a presentar en 15 días hábiles un informe documentado sobre todas las autorizaciones, inspecciones y controles relacionados con el petrolero VS Promise, el buque británico que generó polémica tras atracar en Ushuaia y cargar petróleo en Río Cullen.

El requerimiento, ingresado el 26 de agosto a la Gobernación, fue firmado por el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre y abre un frente administrativo formal sobre la actuación de la gestión provincial. Se trata de una revisión de legalidad, no de una imputación penal.

La intimación ordena entregar expedientes físicos y digitales, resoluciones, actas, correos y comunicaciones oficiales. En particular, la Fiscalía exige conocer el historial completo de amarre, despacho y operaciones del VS Promise en el puerto de Ushuaia y en la monoboya Hidra de Río Cullen, además de identificar a todos los funcionarios que intervinieron en el proceso.

El conflicto tiene raíces en versiones contradictorias sobre quién conocía qué. Melella repudió públicamente el paso del tanquero y echó responsabilidad a la administración nacional, que controla Ushuaia desde enero. La Casa Rosada respondió que la Provincia había avalado operaciones previas en Río Cullen. El Ejecutivo fueguino negó haber visto la bandera o documentación marítima del buque, pero reconoció que sus inspectores controlaron el volumen de crudo cargado.

Según documentos internos de la Dirección Provincial de Puertos, el VS Promise ingresó a Río Cullen el 12 de agosto y partió al día siguiente con 22.464,570 toneladas métricas de crudo. Una nota de ese período ordenó facturar dos días de uso del espejo de agua a la agencia marítima interviniente.

Trabajadores portuarios sostienen que la documentación llegó a la Provincia recién el 19 de agosto, cuando la carga ya había terminado, y que Prefectura Naval fue quien autorizó entrada y salida del buque. Esas explicaciones cruzadas motivaron el requerimiento formal de la Fiscalía.