El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva escaló sus ataques contra el Tribunal Supremo Federal este viernes, señalando que al menos cinco magistrados estarían involucrados en un escándalo de corrupción vinculado al banquero Daniel Vorcaro, actualmente detenido por defraudar millones a través del Banco Master.

Según las declaraciones de Lula en una entrevista radial, Vorcaro utilizaba fiestas y encuentros organizados para captar influencias dentro del poder judicial. El presidente afirmó que uno de los jueces habría mantenido relaciones con una mujer enviada por el banquero y que incluso solicitó que la institución financiera pagara una deuda personal de 10 mil reales.

"Este tipo de comportamiento tan bajo tiene que acabar", expresó Lula, haciendo referencia a los presuntos favores sexuales y económicos que el empresario ofrecía a miembros de la Corte.

Las acusaciones se basan en mensajes extraídos del celular de Vorcaro, publicados por el sitio Metrópoles, donde una mujer llamada Rayanna menciona encuentros y refiere que una participante "se acostó con Kassio" —en aparente alusión al magistrado Kassio Nunes Marques—, aunque Lula evitó mencionar nombres directamente.

La prensa brasileña ha vinculado seis jueces con las investigaciones: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques, Gilmar Mendes, Luís Fux y André Mendonça. Uno de los casos más graves involucra un contrato millonario entre empresas de Vorcaro y el estudio jurídico que dirige la esposa de Moraes, lo que alimenta sospechas de tráfico de influencias.

Lula reconoció que el escándalo impacta la campaña presidencial rumbo a octubre, cuando busca su reelección frente al senador Flávio Bolsonaro. "Vamos a tener que debatir cómo solucionar esto. ¿Cómo reformar el Tribunal Supremo?", señaló el mandatario. El presidente destacó que Vorcaro "se convirtió en banquero bajo Bolsonaro y en prisionero bajo mi gobierno".

El Banco Master colapsó tras el fraude y la Policía Federal continúa investigando contratos, consultorías y vínculos entre el empresario y funcionarios judiciales de distintos partidos políticos. Las protestas frente a las oficinas del banco en San Pablo reflejan el creciente descontento público.