La Pastoral Judicial expresó su inquietud respecto a cómo impactará la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil en adolescentes y niños ya vulnerados por la pobreza y exclusión social.

Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece responsabilidad penal desde los 14 años, la organización llamó a las autoridades a garantizar que la privación de libertad sea solo una medida excepcional de último recurso, nunca la regla.

El organismo citó datos alarmantes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA: más del 50% de niños, niñas y adolescentes vive en hogares pobres, y más del 10% está en indigencia. Según la Pastoral, aplicar regímenes punitivos sobre chicos en esa situación corre el riesgo de profundizar su marginación en lugar de revertirla.

La preocupación se intensifica en zonas donde el Estado se retira y avanza el narcotráfico. La organización recordó un principio fundamental: no se debe encarcelar a una persona por consecuencias directas de la exclusión, la violencia estructural o la falta de recursos materiales.

La Pastoral pidió a las autoridades que acompañen la implementación de la ley con políticas que realmente protejan a los menores más vulnerables.