El gobierno de La Rioja anunció una recomposición salarial de entre 14% y 15% para los empleados públicos, pero vuelve a recurrir a los Chachos —bonos de deuda provincial— para cubrir parte del incremento. Esta vez, los trabajadores recibirán $50.000 en cuasimoneda como complemento del aumento.

El esfuerzo fiscal que representa el aumento demandará $12.200 millones mensuales adicionales, elevando la masa salarial desde los $81.000 millones aproximados a $94.000 millones. Sin embargo, la forma de pago revela un problema de fondo: si los salarios necesitan completarse con instrumentos paralelos al peso, la provincia enfrenta una crisis que va más allá de lo salarial.

Los trabajadores de La Rioja conocen bien cómo funcionan estos bonos en la práctica. No se trata solo de un porcentaje en el papel: importa dónde pueden usarlos, qué comercios los aceptan, cuánto pierden de valor real en la vida cotidiana y, sobre todo, cuándo volverán a cobrar íntegramente en moneda corriente.

Para el gobernador Ricardo Quintela, el mensaje intentó ser uno de estabilidad: el Estado sostiene a sus empleados en tiempos difíciles. Pero la lectura en la calle es más crítica. Cada vez que los Chachos reaparecen como herramienta de pago, la provincia queda asociada a una medida que transmite debilidad fiscal, no solución.

La paradoja es incómoda: el Gobierno anuncia aumentos, pero la forma del aumento confirma que las cuentas públicas siguen sin cierre. Y la pregunta que vuelve a surgir es siempre la misma: si La Rioja estuviera ordenada, ¿por qué sus trabajadores necesitarían cobrar parte de la recomposición salarial en bonos?