En La Rioja crece la tensión por el manejo de una causa contra ocho policías acusados de tortura en la comisaría de Ulapes. Los agentes enfrentan imputaciones por privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y torturas, pero hay confusión sobre si siguen en sus puestos o están apartados.
La denuncia proviene de personas que aseguran haber sido detenidas en el departamento Ayacucho y llevadas a esa comisaría, donde fueron encapuchadas y sometidas a violencia bajo presión para que confesaran. El fiscal Julián de la Colina confirmó la investigación e indicó que abarca a cinco policías de guardia, al comisario, al segundo jefe y a otro oficial más.
El abogado querellante, Nicolás Mercado, entregó documentación certificada a Asuntos Internos el 12 de agosto para acelerar el sumario administrativo. Sin embargo, la situación de los imputados sigue siendo confusa: se reportó tanto un apartamiento preventivo como licencias médicas sin suspensión formal de funciones.
Un obstáculo adicional en la investigación es que los denunciantes tenían el rostro cubierto durante los hechos, lo que dificulta la identificación individual de los responsables. También hay preocupación por la preservación de pruebas, incluido el libro de guardia de la seccional.
El gobierno de Ricardo Quintela tiene responsabilidad sobre el funcionamiento de Asuntos Internos y la información oficial sobre la situación laboral de estos agentes, aunque la decisión penal sigue a cargo de fiscales y jueces. Hasta el 12 de agosto, la causa continuaba con ocho imputados, sin condenas y con medidas judiciales pendientes.
