Un juzgado federal en Río Grande ordenó que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited detengan todos los trabajos relacionados con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.

La decisión de la jueza federal Mariel Borruto llegó tras una medida cautelar presentada por un ex combatiente de la guerra de Malvinas. La resolución afecta perforaciones, instalaciones submarinas y cualquier inicio de extracción comercial en la zona.

Qué no pueden hacer las empresas

Las compañías quedaron prohibidas de celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos o transferencias, aportar capital, otorgar préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías o realizar cualquier otro acto financiero destinado al proyecto.

Además, deberán proporcionar información detallada sobre la estructura de las empresas que controlan el proyecto, las entidades financieras involucradas, desembolsos realizados y pendientes, aseguradoras relacionadas, y estudios ambientales y planes de contingencia para derrames.

Lo que investigarán las autoridades

La Cancillería deberá informar en diez días si estas compañías contaron con algún tipo de habilitación, permiso o autorización de Argentina para realizar actividades petroleras en Malvinas. También se le pidió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental que verifique si existe algún registro del proyecto o análisis ambiental iniciado por parte de las empresas involucradas.

La magistrada aclaró que esta medida tiene carácter cautelar y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas en el juicio de fondo. La decisión se alinea con las denuncias que el Gobierno de Javier Milei ha promovido contra las operaciones en la región.