Un juez ordenó al Gobierno cumplir inmediatamente con la Ley de Financiamiento Universitario, pero funcionarios de la administración Milei ya adelantaron que irán a la justicia para frenar la decisión.

El fallo del juez Martín Cormick anuló el decreto con el que el Ejecutivo había suspendido la aplicación de la ley, que fue aprobada por el Congreso en 2025 con mayoría agravada. En su sentencia, el magistrado consideró que el decreto no cumple ni el mínimo test de razonabilidad, al permitir que un decreto anterior prevalezca sobre una ley votada por dos tercios de ambas cámaras.

El Gobierno apunta a una narrativa simple: no hay dinero en las arcas fiscales para cumplir con las partidas que demanda la ley. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el impacto fiscal representa apenas el 0,23% del PBI, cifra que el Ministerio de Economía considera incompatible con la meta de déficit cero que persigue Luis Caputo.

Por el momento, la estrategia oficial es clara: dilatar los tiempos mediante apelaciones sucesivas mientras se negocia en tribunales. La orden judicial alcanza a recomponer salarios de docentes y no docentes, y a otorgar fondos para el funcionamiento de las universidades nacionales.

Desde los sindicatos universitarios, la noticia fue recibida como una victoria. Este fallo demuestra lo que venimos sosteniendo desde el primer día: el Poder Ejecutivo vulneró la Constitución al pretender legislar por decreto, afirmó Pablo Perazzi, Secretario General de FEDUBA, el sindicato de docentes de la UBA. Los gremios mantienen convocada una marcha federal para el 15 de octubre.