El juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes avanzó esta semana con declaraciones que refuerzan la hipótesis de un esquema de corrupción paralelo. El exintendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, reconoció ante el tribunal haber transferido fondos municipales de búsqueda directamente a Cutaia, quien luego facturaba como integrante de la supuesta Fundación Dupuy. Los montos alcanzaron los 2,8 millones de pesos.
Este jueves continúan las audiencias con siete nuevos testigos que darán detalles sobre la red de comunicaciones entre acusados. Entre ellos figuran el vidente Fernando Ariel Gálvez, quien entregó su celular a los investigadores mostrando diálogos con el acusado Daniel Ramírez durante los días en que el niño estaba desaparecido, y el cura de 9 de Julio, Cristian González, que presenciaba los movimientos en la casa de la abuela Catalina.
Otros testimonios importantes corresponden a María Quintina Blanco, amiga de Laudelina Peña, que conversó con ella sobre la falsa aparición del niño. También declararán el policía Vicente Gustavo Martínez y otras personas que tuvieron contacto con los acusados durante la búsqueda.
En las jornadas previas, una abogada correntina llamada Mónica Rafaela Méndez relató que se alejó de la causa porque no le gustaba el manejo que se hacía de ella. Además, prestaron declaración funcionarios policiales y otros testigos que completaron el cuadro de irregularidades durante la investigación inicial.
