El juicio por los cuadernos de la corrupción mantiene su pulso en Buenos Aires. La exhibición de videos del allanamiento al departamento de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta reavivó la tensión en la sala, pero ahora el Tribunal Oral Federal 7 enfrenta un punto crítico: dos pedidos de careo que buscan confrontar versiones contradictorias sobre los hechos investigados.

El primero proviene de la defensa de Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación. Su abogada solicita que Baratta enfrente a los exdirectivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quienes afirmaron haber entregado un millón de dólares en coimas al exfuncionario. Zabaleta declaró que entregó paquetes de dinero por orden de Betnaza, quien dijo que los pagos buscaban obtener ayuda para evacuar empleados de Techint de Venezuela durante la nacionalización de Sidor. Baratta rechaza los cargos y acusa a ambos de mentir.

El segundo reclamo fue presentado por la fiscalía. La fiscal Fabiana León pidió un careo entre Juan Carlos Barrales, el comisario que dirigió el allanamiento al departamento el 23 de agosto de 2018, y Julio Silva, encargado histórico del edificio. Entre sus testimonios hay un punto crucial: Silva afirmó en mayo que escuchó a Barrales conversar con el entonces juez Claudio Bonadio y recibir órdenes de permanecer en el lugar "hasta encontrar algo", mientras que Barrales niega haber recibido esas instrucciones y no recuerda que el encargado haya presenciado el contacto.

Durante la declaración de Barrales, la defensa de Cristina Kirchner objetó la proyección de videos del interior del departamento por considerar que violaban la intimidad de su defendida. Los jueces autorizaron la exhibición por mayoría. Según los fiscales, en el inmueble de Recoleta se habrían concretado 87 entregas por cerca de 70 millones de dólares.

El tribunal también analiza la comparecencia de testigos pendientes: Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, y Paolo Rocca, CEO de Techint, ambos con certificados médicos. En el caso de Quiroga, los jueces ordenaron un examen psiquiátrico para determinar si puede declarar de forma remota.