La jueza Marta Elba Pascual suspendió por 60 días la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires y salió a explicar los motivos de su decisión. Su preocupación no es la reducción de la edad de imputabilidad en sí, sino que el sistema funcione en condiciones dignas.

El nudo del problema es claro según la magistrada: la provincia no tiene infraestructura ni recursos suficientes para recibir a más adolescentes privados de libertad. Sin establecimientos adecuados, personal especializado y programas de educación y rehabilitación, advierte que los chicos terminarán en peores condiciones que las actuales.

"Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito", fue su reflexión pública sobre lo que pasaría con quienes ingresan al sistema sin el apoyo necesario.

Pascual aclaró que no se opone a reducir la edad de imputabilidad a los 14 años, sino que rechaza la forma precipitada de aplicar una ley sin garantizar las condiciones. "Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad", afirmó en declaraciones radiales, rechazando también las críticas de garantistas que cuestionaron su resolución.

La suspensión nace de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Durante estos 60 días, la Justicia exigirá que las autoridades bonaerenses expliquen cómo piensan implementar el régimen y con qué recursos cuentan.