El gobierno italiano de Giorgia Meloni aprobó esta semana un decreto que marca un antes y después en la política educativa: a partir del ciclo lectivo 2027-2028, no podrán superar el 30% los estudiantes extranjeros que no dominen adecuadamente el italiano en las aulas de primaria.

La medida alcanza también a menores sin nacionalidad italiana, nacidos fuera del país o que hayan cursado menos de dos años de educación infantil en Italia. Además, el decreto prohíbe el uso de burka, niqab y otros elementos que cubran el rostro en escuelas, incluidas máscaras o cascos sin motivo médico.

Meloni presentó los cambios como políticas de integración. "Son medidas de sentido común que no dividen, sino que ayudan a integrar de verdad, evitando las aulas-gueto y dando a todos los estudiantes las mismas oportunidades", explicó la primera ministra en redes sociales.

La oposición rechazó frontalmente las decisiones. Elly Schlein, lideresa del Partido Demócrata, las calificó como "vergonzosas" y acusó al gobierno de esconder su incapacidad para resolver verdaderos problemas educativos detrás de "una nueva bandera ideológica".

Analistas advierten que el decreto es una respuesta política. Futuro Nazionale, un partido rival de extrema derecha fundado en febrero por el exgeneral Roberto Vannacci, ganó tracción con una campaña sobre "remigración" (deportación de extranjeros) y cuestiones identitarias en las escuelas. El partido ronda el 8% en encuestas, mientras que la coalición de Meloni aparece rezagada frente al bloque de centroizquierda.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, aclaró que la prohibición de enmascaramiento también rige para "mascarillas si no se está enfermo o con cascos", no solo prendas religiosas.