El juez Julián Ercolini ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de María Soledad Calle, dirigenta de la Unión Obrera Metalúrgica y miembro de La Cámpora, tras la compra de un departamento en San José 1111, Constitución, ubicado en el piso debajo de la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner.

La medida busca reconstruir el patrimonio de Calle mediante el análisis de sus movimientos de dinero, relaciones laborales y bienes. Para ello, el magistrado solicitó informes a la ARCA, ANSES, Migraciones y el Ministerio de Capital Humano.

Qué investigará el juez

A la ARCA le pidió declaraciones juradas de Calle y del gremialista Abel Furlán sobre Ganancias y Bienes Personales desde 2022 a 2025. En ese período se constituyó la empresa USEM S.A., que manejaba un contrato con la UOM por comisiones del 0,5% mensual.

La ANSES deberá informar sobre empleadores, fechas de altas y bajas, y remuneraciones registradas. El Ministerio de Capital Humano debe presentar los estados contables que la UOM envió en los últimos cinco años.

Ercolini también pidió un informe completo sobre el inmueble de San José 1111 y solicitó verificar si Calle y Furlán poseen vehículos (un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive constan como parte de sus bienes) y embarcaciones.

El contrato bajo investigación

El juez analiza un contrato de locación de servicios entre USEM S.A. y la UOM, vigente desde febrero de 2023, que permitía gestionar las cuentas corrientes de las seccionales y la dirección nacional. La empresa cobraba el 0,5% de los fondos que ingresaban mensualmente en la cuenta fiduciaria.

Calle aparece como fundadora de USEM S.A. en el Boletín Oficial del 22 de diciembre de 2022, junto a Raúl Braconi.