La Justicia Federal recibió una denuncia penal para investigar un supuesto esquema de irregularidades en torno al plan de retiros voluntarios que se aplicó en el Ministerio de Justicia durante 2024 y 2025.

La presentación también advierte sobre la posibilidad de que el mismo mecanismo haya sido trasladado posteriormente al Programa de Atención Médica Integral (PAMI). El Gobierno negó categóricamente estas acusaciones.

El periodista e investigador Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, presentó la denuncia y solicitó ser aceptado como parte querellante en el proceso. La acusación apunta contra María Florencia Zicavo (exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI), Juan Cruz Montero (exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del PAMI), el abogado Danilo Sergio Montevidoni, Emilio Zicavo y otras personas que pudieran ser identificadas durante la investigación.

La denuncia encuadra los hechos en varios delitos: negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito e inconsistencias en declaraciones juradas patrimoniales.

El eje central de la acusación se enfoca en cómo se desvinculó al personal contratado a través del ente cooperador ACARA. Según el denunciante, aunque la reglamentación ordenaba hacer los trámites mediante escritura pública ante escribano, en la práctica se habría recurrido a homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

Esto habría generado, sostiene la denuncia, facturación y percepción de honorarios profesionales no contemplados en la resolución oficial. Además, testimonios indicarían que numerosos trabajadores fueron representados por un único abogado al que no habrían elegido libremente.

La presentación también cuestiona la falta de transparencia: el Ministerio no habría respondido reiterados pedidos de acceso a información pública sobre los detalles y montos del plan de desvinculaciones, a pesar de una sentencia judicial que ordenó entregarla.

El denunciante también requirió que se analicen presuntas inconsistencias patrimoniales de los imputados y el uso no justificado de un vehículo registrado a nombre de una empresa contratista del Estado.

El escrito aclara expresamente que los hechos expuestos constituyen hipótesis a investigar por el Ministerio Público Fiscal y el juzgado, sin implicar afirmaciones categóricas de culpabilidad.