Los números son claros: en agosto la inflación fue del 1,7% mensual, un cambio dramático respecto al 25,5% de diciembre de 2023. Sin embargo, mientras que las cifras macroeconómicas mejoran, muchas familias argentinas ven cómo sus cuentas bancarias empeoran.

Las ventas en supermercados cayeron un 2,1% interanual en julio, la industria manufacturera retrocedió un 5% en el mismo período, y la mora de las familias con los bancos alcanzó el 12,9%. Estos son también datos, aunque menos visibles en los titulares.

El problema de la Argentina actual es que vivimos en dos realidades simultáneamente, pero nuestro debate político solo permite elegir una. Quien celebra la caída de la inflación es automáticamente tachado de mileísta. Quien menciona que los hogares llegan con dificultad a fin de mes arriesga que lo afilien al peronismo antes de terminar la oración.

Un salario no vive dentro del índice de precios. Vive pagando alquiler, servicios, cuota escolar y tarjetas de crédito. Una familia puede comprender intelectualmente que la macroeconomía mejoró y, al mismo tiempo, descubrir que su bolsillo está más vacío. No hay contradicción: la contradicción es invención política.

Desde el Gobierno tienden a ver cualquier problema social como residuo inevitable del caos anterior. Desde la oposición, cada comercio que vende menos se presenta como prueba de que todo fracasó. Ambos descartan la realidad que les incómoda.

La discusión que Argentina debería estar teniendo es más difícil y menos cómoda: cuánto del costo presente es inevitable en cualquier transición desde una economía profundamente inflacionaria, y cuánto depende de las decisiones concretas de quién conduce ese cambio. Y al peronismo le toca responder por qué deberíamos volver a lo que causó el desastre de diciembre de 2023.