El canciller Pablo Quirno lanzó un ultimátum a aproximadamente 180 empresas con operaciones en las Islas Malvinas. Los negocios vinculados con petróleo, servicios financieros y seguros tienen que elegir: abandonar sus actividades en el archipiélago o enfrentar sanciones económicas de Argentina.
En una exposición en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Quirno aclaró que esta estrategia no es improviso. Viene gestándose desde hace meses entre los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, coordinados con el secretario Carlos Presti. El canciller rechazó ideas de que una bandera en el Mundial 2026 o declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump hayan motivado la medida.
El Gobierno ya notificó a las empresas la semana pasada sobre las intenciones de sanciones. El decreto reglamentario busca acelerar el proceso administrativo contra las compañías que operen en Malvinas, sus proveedores de servicios petroleros, entidades financieras y aseguradoras.
Quirno fue directo con el mensaje: "Van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener un proceso bastante complicado".
La medida forma parte de una ofensiva más amplia del Gobierno de Javier Milei sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur, que incluye sanciones anunciadas para empresas que operen en el archipiélago.
