El Gobierno dio un giro estratégico en la Cámara de Diputados al incluir la Ley de Tierras Rurales dentro de su proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", después de que el Senado rechazara su derogación bajo presión de movilizaciones sociales.

El proyecto llegó a Diputados con media sanción pero castrado: la oposición peronista logró eliminar del texto los capítulos sobre Ley de Manejo del Fuego y la derogación de la Ley de Tierras. Ahora, en un movimiento que genera críticas cruzadas, el oficialismo busca reintroducir esa misma ley de tierras dentro de la iniciativa de propiedad privada.

Qué contiene la ley si se aprueba: mantendría el límite del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, y el tope de 1000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y frontera. Además, modificaría la Ley de Expropiaciones para restringir la capacidad del Estado de declarar utilidad pública de bienes, y acortaría drásticamente los tiempos judiciales para desalojos.

Santiago Santurio, diputado de La Libertad Avanza e informante del dictamen, destacó que el proyecto busca "respetar el derecho a la propiedad" y evitar que las usurpaciones "hagan negocio la construcción de viviendas".

Pero la oposición apuntó las contradicciones. Diego Giuliano (Unión por la Patria) señaló que el Gobierno vuelve a la ley del peronismo de 2011, la misma que quiso derogar hace semanas. Martín Lousteau (Provincias Unidas) fustigó el cambio de rumbo, advirtiendo que el programa de Ciudadanía por Inversión por 350 mil dólares podría permitir que extranjeros adquieran tierras sensibles.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, calificó el esquema de inversiones como "un engaño para entregar soberanía".