Funcionarios del Ministerio de Economía defendieron ante el Congreso Nacional el proyecto que expande la Ley de Inocencia Fiscal, buscando incorporar ahorros no declarados al circuito económico formal mediante un régimen simplificado de ganancias.

El debate en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal mostró las posiciones enfrentadas: mientras el Gobierno destacó que la medida persigue a los "verdaderos evasores", la oposición advirtió que el proyecto constituye un blanqueo permanente que favorecería a funcionarios públicos que no están excluidos del régimen.

La polémica se intensificó tras conocerse que Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete, y su esposa se adhirieron al régimen simplificado días antes de dejar el cargo, en medio de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Según explicó la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, la intención es ampliar el universo de contribuyentes adheridos, considerando que el "nivel de acatamiento" al régimen actual fue "muy significativo". La declaración jurada de ganancias fue postergada para agosto.

El Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, aclaró que el proyecto mantiene los lineamientos generales: solo incluye personas humanas y asociaciones indivisas residentes en Argentina, excluyendo a las sociedades.

Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión de Legislación General, Laura Rodríguez Machado, subrayó que la ley "no elimina delitos, no reduce penas y no beneficia a quien haya cometido un delito".