El Gobierno implementó un nuevo régimen que obliga a los grandes emprendimientos industriales a producir su propia energía en lugar de consumir del sistema eléctrico general, evitando que los hogares y comercios locales carguen con los costos de estos proyectos.

La medida se aplica a proyectos nuevos o ampliaciones que superen los 80 megavatios de consumo. Estos emprendimientos deberán cubrir al menos el 80% de su demanda con contratos de generación nueva, y el 100% de su potencia máxima con fuentes propias de respaldo. En el caso de centros de datos, esta exigencia sube al 115% por su consumo continuo.

Según la normativa, si hay escasez de energía se priorizará el suministro a usuarios residenciales, comercios y pequeñas industrias antes que a grandes demandas sin respaldo suficiente. De esta forma, las nuevas inversiones no "consumen la reserva" que hoy garantiza el abastecimiento general ni trasladarán sus costos a través de las facturas de los usuarios comunes.

Aunque cada proyecto puede elegir libremente la tecnología y proveedor para abastecerse, la normativa busca que cada gran proyecto se abastezca a su propio riesgo, dejando en primer lugar a hogares, comercios, pymes e industrias que ya forman parte del sistema.