El Gobierno amplió su plan de cancelación de deudas de obra pública e incorporó las deudas por mantenimiento de rutas nacionales. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 3/2026, alcanza a las empresas contratistas que trabajaron para la Dirección Nacional de Vialidad entre enero de 2022 y diciembre de 2025.
El régimen simplificado permite que el Estado cancele sus obligaciones mediante la entrega de títulos públicos, en lugar de dinero en efectivo. Abarca conceptos como certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios.
La ampliación incluyó cambios importantes en las condiciones de adhesión. Antes, los contratistas que se sumaban al régimen debían renunciar a cualquier reclamo vinculado al contrato. Ahora, esa renuncia se limita únicamente a créditos devengados entre 2022 y 2025, y se exceptúan las acreencias que aún están pendientes de resolución en oficinas estatales.
Con estos ajustes, las empresas contratistas que se adhieran conservan el derecho a reclamar por trámites que todavía sigan en proceso. El Gobierno prorrogó el plazo de adhesión hasta el 12 de agosto de 2026 para asegurar mayor participación de los contratistas registrados.
