La administración nacional abrió la negociación sobre el Presupuesto 2027 para desactivar roces con sus aliados políticos. Los cambios iniciales en partidas de Discapacidad y Universidades generaron tensiones internas que el oficialismo busca resolver antes del debate parlamentario.

En Discapacidad: El Gobierno intenta abandonar la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad que regía desde 2020. A cambio, propone aumentar fondos, cubrir deudas acumuladas entre 2023 y 2024 a los prestadores, y establecer un régimen permanente. El punto más conflictivo es la intención de eliminar el nomenclador único de costos: permitiría que cada prestador fije sus propios valores sobre una base mínima, en lugar de un tarifa centralizada. En tanto, la Secretaría de Discapacidad ya oficializó un incremento del 1,7% mensual para septiembre bajo el esquema vigente.

En Universidades: La distancia es más concreta. El Gobierno ofrece $7.349 billones, pero el Consejo Interuniversitario Nacional reclama $11 billones: una brecha de $3.650 billones. Desde la Casa Rosada esperan que ampliar el presupuesto frene los juicios por recomposición salarial que enfrentan, originados en la Ley 27.795.

Ambos frentes buscan cerrarse en el Congreso, donde la negociación parlamentaria será clave para acercar posiciones.