El fiscal de menores Hernán Ceruti cuestionó la resolución de la jueza Marta Elba Pascual que frenó la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y presentó una apelación contra esa decisión.

Según Ceruti, un habeas corpus no tiene autoridad para anular una ley sancionada por el Congreso Nacional, un conflicto que calificó como un "gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad". El fiscal argumentó que la magistrada se extralimitó en sus funciones al tomar una decisión que corresponde a otros poderes del Estado.

La jueza Pascual había suspendido la ley porque estimó que podría aumentar significativamente el número de adolescentes detenidos, y consideró que la provincia no tiene infraestructura ni recursos suficientes para ese incremento. Sin embargo, Ceruti señaló que esa conclusión se basó en suposiciones, no en datos concretos: ni se identificó a un joven efectivamente perjudicado por la nueva norma ni se probaron limitaciones ilegales de libertad.

"La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza", indicó el fiscal, rechazando argumentos hipotéticos sin fundamento.

La apelación de Ceruti se suma a una denuncia penal presentada por la ONG Usina por la Justicia, que acusó a Pascual de usurpación funcional y abuso de autoridad. Además, el sector de La Libertad Avanza en Buenos Aires anunció que pedirá el juicio político de la jueza.