Representantes del sector Fintech comparecieron ante la Cámara de Diputados para explicar su postura frente al crecimiento de la morosidad en créditos a hogares. El objetivo fue claro: disuadir cualquier intervención legislativa sobre sus operaciones.

Francisco Gismondi, gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), fue directo: aseguró que los bancos no necesitan una ley para resolver el problema. Argumentó que el sector ya refinanció 500.000 deudas de manera privada y "caso por caso". Su advertencia fue más explícita: si el Estado interviene en los contratos privados, "se retraerá el crédito".

Sobre las tasas de interés, que la oposición denuncia como excesivas, Gismondi presentó un contraargumento: si suben demasiado, los deudores buscan prestamistas fuera del sistema formal, lo que sería peor.

Luciana Ríos, directora ejecutiva de la Cámara de Medios de Pago, reconoció que la morosidad es preocupante y afecta el consumo de las familias, pero insistió en que "no tiene solución única". Propuso en su lugar mejorar la educación financiera y la transparencia en la información.

Mariano Biocca, director de la Cámara Argentina de Fintech, presentó cifras que relativizan el problema. Destacó que 5 millones de personas tienen algún nivel de irregularidad en el sistema, pero que los créditos de billeteras virtuales representan apenas el 16% del total de dinero en circulación. De esos 5 millones, 2,4 millones son deudores de plataformas digitales.

Biocca también valoró el rol del sector en la inclusión financiera: señaló que muchos usuarios comenzaron a construir su historial crediticio a través de estas herramientas y luego accedieron a préstamos más grandes en el sistema formal.