El productor teatral Javier Faroni, quien mantiene vínculos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, es objeto de una investigación federal estadounidense por la adquisición de propiedades inmobiliarias en Miami por aproximadamente 11 millones de dólares.

Según información del FBI, las operaciones incluyen dos departamentos en Brickell y un penthouse en Sunny Isles, ubicados en zonas donde el metro cuadrado supera los 10 mil dólares. Las propiedades habrían sido adquiridas a través de sociedades constituidas en Florida.

La investigación federal se concentra en determinar si los fondos utilizados fueron propios o si hubo participación de terceros, particularmente empresas ligadas al entretenimiento y a contratos de representación deportiva. El Nuevo Herald informó que el FBI solicitó información a registros públicos del condado de Miami-Dade y a brokers inmobiliarios involucrados en las transacciones.

Faroni tiene antecedentes en investigaciones periodísticas sobre intermediarios en transferencias internacionales de futbolistas. Su nombre aparece en reportes sobre movimientos financieros asociados a operaciones de clubes argentinos con equipos de México y Estados Unidos, aunque nunca fue imputado en Argentina.

Desde el lado local, la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC) evalúa solicitar información a Estados Unidos para determinar si las operaciones podrían constituir delitos como lavado de activos o evasión fiscal. Simultáneamente, la AFIP analiza si las compras fueron declaradas y si existe correlación entre los montos invertidos y los ingresos registrados por Faroni.

En la AFA, reconocen que Faroni no posee cargos formales pero mantiene influencia en áreas de logística y representación. La situación genera preocupación en sectores que temen que el caso pueda derivar en un escrutinio más amplio sobre operaciones financieras del fútbol argentino.

Esta investigación se inscribe en una tendencia creciente de acciones estadounidenses contra compras inmobiliarias de extranjeros en Miami, un mercado históricamente usado para canalizar fondos de origen ilícito o no declarado. En 2025, el Departamento del Tesoro endurecieron los requisitos de transparencia para adquisiciones en efectivo de propiedades de lujo superiores a 300 mil dólares.