Washington lanzó una campaña para debilitar la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de amenazar la soberanía estadounidense. El secretario de Estado Marco Rubio anunció que presionará a aliados para abandonar el organismo y aplicará sanciones contra sus funcionarios.

"La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense", declaró Rubio. Acusó al tribunal de actuar contra militares y funcionarios estadounidenses que operan en defensa de intereses nacionales, particularmente en investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra en Afganistán.

El plan incluye prohibir entrada a Estados Unidos para personal de la CPI, endurecerr sanciones contra sus integrantes y movilizar embajadores para que países aliados se retiren del organismo. Washington también aumentará el escrutinio sobre naciones que rechacen repudiar la autoridad del tribunal.

Estados Unidos nunca firmó el Estatuto de Roma que creó la CPI en 1998. La Administración Trump ya había sancionado a funcionarios de la Corte por investigar acciones de militares estadounidenses en Afganistán e indagatorias contra funcionarios israelíes.

Rubio criticó a la CPI de intentar ser "un árbitro global sin rendición de cuentas" y adelantó que desmantlarán el tribunal "paso a paso, si es necesario", con apoyo de aliados.

La Corte Penal Internacional fue creada para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Depende en gran medida del apoyo diplomático y financiero internacional para ejecutar sus mandatos de investigación y enjuiciamiento.

La escalada estadounidense podría fragmentar la respuesta internacional ante graves violaciones del derecho humanitario y complicar mecanismos de rendición de cuentas a nivel global. También limitaría investigaciones en territorios donde la CPI opera actualmente.