La Cámara de Diputados sesionó durante toda la madrugada del 22 de octubre para debatir dos proyectos que buscan enfrentar la crisis de sobreendeudamiento y mora en los hogares argentinos.

El gobierno, junto con PRO y UCR, impulsa una ley de transparencia crediticia y educación financiera. La iniciativa se centra en brindar más información a quienes solicitan créditos para evitar situaciones irregulares, pero no fija tasas máximas ni programas de refinanciación para deudores en crisis. El diputado Santiago Pauli (La Libertad Avanza) explicó que el objetivo es establecer "reglas comunes para quienes otorgan créditos y para quienes los reciben".

En el otro extremo está la propuesta de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica: una ley de regularización y alivio financiero que declara emergencia por 180 días e incluye refinanciación en al menos 12 cuotas para personas con mora superior a 60 días. Fija como límite que la cuota mensual no supere el 30% de los ingresos y condona el 100% de los intereses punitorios.

El diputado Martín Lousteau señaló datos críticos: el 40% de los deudores que ganan menos de 90.000 pesos no puede pagar sus deudas. Atribuyó esto a la caída del poder adquisitivo—10 puntos menor desde que asumió Milei, y 20 puntos en el sector público—y al aumento de gastos fijos en servicios.