Demanda por $191 millones: salteño acusa a AstraZeneca por daños post-vacuna

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Un hombre de Salta inició una acción judicial contra AstraZeneca y el Estado nacional por más de 191 millones de pesos. Reclama una reparación económica tras atribuir graves problemas de salud a las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 que recibió durante 2021.

Emanuel Alejandro Ocaña Francia demanda por incapacidad, daño moral y daño emergente. También solicita un daño punitivo contra la compañía farmacéutica y, en forma subsidiaria, acceso al Fondo de Reparación establecido por la Ley 27.573.

Según la demanda, Ocaña recibió la primera dosis el 17 de junio de 2021 y la segunda el 29 de agosto de ese año, ambas en establecimientos sanitarios de Salta. Tras las inoculaciones, comenzó a experimentar episodios convulsivos, alteraciones cardiovasculares, renales y neurológicas que derivaron en varias internaciones.

Los diagnósticos que aporta

La documentación del expediente menciona síndrome antifosfolipídico, plaquetopenia severa, enfermedad renal, trombocitopenia y distintas secuelas neurológicas. Una resonancia magnética cerebral mostró lesiones isquémicas subagudas y lesiones cavitadas en ambos hemisferios cerebelosos, según registros del Hospital San Bernardo de octubre de 2022.

En noviembre de 2023, Ocaña ingresó al Hospital Italiano de Buenos Aires para nuevos estudios. Los registros indican que recibió diagnóstico de síndrome antifosfolipídico, plaquetopenia severa y alteraciones en la función renal, además de antecedentes de epilepsia asociada a lesiones encefálicas.

Desglose del reclamo económico

La demanda establece un total de $191.066.282,99 dividido en varios rubros: 28 millones de pesos por daño moral, 700.000 por daño emergente y más de 50 millones en concepto de daño punitivo contra AstraZeneca. El monto de incapacidad sobreviniente completa la suma.

De forma subsidiaria, Ocaña pidió acceder al Fondo de Reparación Covid-19 establecido por ley, que calculó en 63.817.680 pesos al momento de formular la presentación.

Un análisis médico-legal de noviembre de 2024 determinó una incapacidad del 70 por ciento, documento que forma parte de la prueba aportada al proceso.

La relación causal entre los diagnósticos mencionados y la vacunación constituye uno de los puntos centrales que deberá determinarse durante el desarrollo judicial.

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