El funcionamiento de los parlamentos provinciales insume cada año cifras significativas en los presupuestos locales. Un análisis de la Fundación Libertad revela que, en promedio, cada legislador provincial cuesta más de $1.531 millones anuales a las arcas provinciales, calculado sobre un total de 1.199 diputados y senadores en las 24 jurisdicciones.

Las disparidades entre provincias son notables. Tucumán registra el gasto más alto, destinando $3.725 millones por legislador, mientras que San Luis apenas invierte $176 millones. Esto significa que un legislador tucumano le cuesta al erario más de 21 veces lo que cuesta uno en San Luis, pese a que esta última tiene más representantes en su cámara.

En el orden de mayores erogaciones siguen la Ciudad de Buenos Aires con $3.402 millones por legislador, y Chaco con $3.057 millones. En el extremo opuesto, Santiago del Estero destina solo $206 millones anuales por cada representante.

El gasto legislativo representa el 1,15% del total de los presupuestos provinciales. Sin embargo, en algunas provincias este porcentaje es sustancialmente mayor: Tucumán dedica el 3,66%, Catamarca el 2,64% y Chaco el 2,22%.

Del total invertido en legislaturas, casi el 85% se destina a pagar personal: secretarios, asesores y empleados permanentes y transitorios. Río Negro encabeza este indicador con el 95% de sus gastos legislativos en nómina, mientras que Santa Fe lo hace con el 64,6%.

La carga de personal varía enormemente. Corrientes cuenta con 72 empleados por legislador, Chaco con 70 y Formosa con 62. En contraste, San Luis tiene solo 2 empleados por legislador, Santiago del Estero 5 y Córdoba 8.

Según la Fundación Libertad, estos números sugieren una desproporción tanto cuando se comparan con otros gastos provinciales como con estándares internacionales, particularmente si se considera la cantidad y calidad de proyectos legislativos que efectivamente se aprueban en cada provincia.