La Corte Suprema anuló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires por un motivo inusual: los jueces que votaron en mayoría no fundamentaron sus decisiones con una lógica común, generando lo que el máximo tribunal llamó una "mayoría aparente".

El caso surgió de un amparo presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) contra la Ciudad de Buenos Aires por falta de escuelas de jornada completa en zonas vulnerables. La ACIJ denunciaba discriminación estructural en los Distritos Escolares 5, 19 y 21, donde niños y niñas de familias de bajos recursos tienen menos acceso a educación extendida.

Los tribunales inferiores condenaron al Gobierno porteño a ampliar la oferta de jornada completa. Pero el Tribunal Superior, aunque reconoció parcialmente el reclamo, debilitó la orden: en lugar de imponer una obligación concreta, solo exhortó (sin fuerza vinculante) a la Ciudad a impulsar políticas de extensión horaria.

El problema fue cómo llegaron a esa conclusión. Los tres jueces que votaron para cambiar la sentencia no coincidieron en las razones. Uno enfatizaba un argumento, otro otro diferente, sin encontrar un mínimo común denominador que sustentara la decisión en conjunto.

La Corte aclaró que toda sentencia debe ser una unidad lógica, no una simple suma de opiniones individuales. Los magistrados de tribunales colegiados tienen la obligación de deliberar hasta alcanzar un acuerdo mayoritario sobre razones comunes que fundamenten el fallo, sin que esto signifique eliminar disidencias legítimas.

El presidente Rosatti y el juez Rosenkrantz, con apoyo de Lorenzetti, advirtieron que cuando los votos mayoritarios avanzan sobre aspectos distintos sin conectar argumentativamente, la sentencia pierde validez jurídica.