La Corte Suprema de Justicia designó a dos conjueces y apresura el proceso para resolver el conflicto en torno a la derogación de la Ley de Tierras, incluida en el artículo 154 del decreto 70/23 del Gobierno nacional.
Los magistrados elegidos son Diego Barroetaveña, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos se sumarán al tribunal para dirimir una cuestión en la que los tres miembros de la Corte no lograron un acuerdo.
En un movimiento inusual, el máximo tribunal estableció un plazo de apenas 24 horas para que la integración quede confirmada, argumentando las "particulares circunstancias de la causa".
La demanda fue presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestiona la constitucionalidad de la derogación. Según la entidad, esa medida afecta la protección ambiental, los derechos de los pueblos originarios y la conservación de recursos naturales.
El reclamo comenzó en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche, fue trasladado a la Cámara Federal de La Plata y ahora espera resolución en la Corte. Paralelamente, la Defensoría bonaerense logró una medida cautelar para acceder a información sobre las tierras rurales afectadas.
