Los tres jueces de la Corte Suprema — Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti — dejaron claro que los regímenes de blanqueo de dinero tienen alcance limitado y no pueden extenderse automáticamente a quienes rechazaron sumarse a esos programas.

La decisión surgió de un conflicto real entre la AFIP y una empresa de ingeniería. El organismo fiscal reclama casi 8,6 millones de pesos a la compañía por deudas tributarias de 2009 y 2010. La firma argumentó que ya había prescrito el reclamo de 2009 y cuestionó que se le aplique una extensión de plazo prevista por la ley de blanqueo de 2013, un programa al que nunca adhirió.

La Corte enfatizó que aplicar beneficios de blanqueo a quienes no participaron violaría el principio básico de igualdad tributaria. Quien cumple sus obligaciones no puede quedar en peor situación que quien incumple y después se arrepiente, fue el razonamiento de los jueces.

Rosatti además criticó que las leyes sobre estos temas deben redactarse con mayor precisión para evitar grietas interpretativas. También exhortó al Congreso a ser más cuidadoso al diseñar beneficios tributarios para incumplidores.

El tribunal confirmó el rechazo del reclamo fiscal para 2009, aunque permitió que continúe el proceso por 2010.