La Corte Suprema de Justicia ratificó las sanciones económicas al Banco Provincia y a varios de sus directivos por incumplimientos en la prevención del lavado de activos. El tribunal, con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, desestimó los recursos presentados por la entidad bancaria y los funcionarios sancionados.

Las multas fueron originalmente impuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2018, apuntando a miembros del Consejo de Administración y al oficial de cumplimiento del banco. El organismo determinó que entre 2010 y 2013 la entidad no reportó operaciones sospechosas y careció de sistemas de control y monitoreo requeridos por la normativa antilavado.

El Banco Provincia había cuestionado las sanciones argumentando que su condición de banco provincial le otorgaba un régimen jurídico especial. Sin embargo, la Cámara Contencioso Administrativa Federal y luego la Corte consideraron que la entidad está sujeta a la Ley 25.246 de prevención del lavado de activos, independientemente de su estatus jurídico particular.

Entre los directivos sancionados figuraron Diego Rodrigo, José Pampuro, Javier Mouriño, Omar Galdurralde, Rafael Perelmiter, Daniel Tillard, Gustavo Marangoni, Carlos Rafael Fernández y María Elena Helguera. La Corte exceptuó a Pampuro del fallo debido a su fallecimiento.