La ciudad de Ceuta, enclave español en el norte de África, atraviesa su mayor crisis migratoria en años. El balance es grave: al menos 57 personas fallecidas, la mayoría ahogadas en los intentos por cruzar el espigón de El Tarajal desde territorio marroquí.

El Gobierno español calcula que unos 50.000 migrantes ingresaron al territorio en poco tiempo, desbordando completamente la capacidad de los centros de acogida locales. Aunque la cifra suena masiva, la situación ha tenido una rápida desescalada: ya 37.500 personas regresaron a Marruecos, muchas de forma voluntaria.

Varios de los que se fueron explicaron a los medios que creían que España les ofrecería alojamiento garantizado. Al llegar encontraron instalaciones saturadas y pocas opciones de quedarse. La promesa incumplida fue, según relatan, el factor clave para que tantos decidieran regresar.

El presidente Pedro Sánchez visitó Ceuta el viernes junto al ministro del Interior. Describió lo sucedido como "una violación de la integridad territorial" y anunció medidas inmediatas: instalación de boyas en El Tarajal para bloquear cruces marítimos, aceleración en identificaciones y deportaciones, y refuerzo del operativo contra redes de tráfico de personas.

España desplegó efectivos adicionales de Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas en la frontera. La Comisión Europea ofreció apoyo, incluyendo reforzar a Frontex si Madrid lo solicita, y mantiene diálogo con Marruecos para evitar nuevas llegadas irregulares en masa.

La crisis generó roces diplomáticos dentro de la UE. Italia y Finlandia cuestionaron la seguridad de la frontera exterior, con Giorgia Meloni sugiriendo incluso la suspensión del espacio Schengen para España. El ministerio español de Relaciones Exteriores respondió convocando al embajador italiano.