La provincia formalizó la situación administrativa de los Centros de Formación Profesional 39 y 41, instituciones que funcionan en contextos de privación de libertad. El Gobernador Rolando Figueroa firmó el Decreto 1666/2026 para darles el reconocimiento legal que les faltaba.
Hasta ahora, estos centros operaban sin la formalización reglamentaria necesaria. Con esta regularización, accedieron a partidas presupuestarias específicas, asignación de cargos docentes y recursos materiales para funcionar adecuadamente.
La provincia rectificó resoluciones previas y ajustó los códigos de los establecimientos para integrarlos formalmente al sistema educativo. De esta manera, el Estado garantiza estabilidad institucional a dos espacios dedicados a la formación laboral de personas en situación de encierro.
Un derecho para quienes están privados de libertad
Desde la dirección de Educación en Contextos de Privación de la Libertad del Consejo Provincial de Educación explicaron que esta medida busca ampliar derechos y promover inclusión educativa y laboral. La formación profesional se reconoce como una herramienta clave para mejorar oportunidades laborales de las personas durante y después del encierro.
Con el decreto en vigencia, ambos centros cuentan ahora con las condiciones normativas para cumplir su función pedagógica de manera más sólida y transparente.
