Un juez de San Luis extendió la investigación sobre el destino de la cosecha de maíz del campo El Caburé hasta febrero de 2027, siete meses más de lo previsto inicialmente. La decisión judicial mantiene bajo presión al gobierno provincial y abre la posibilidad de que nuevas pruebas salgan a la luz.
El expediente analiza supuestas irregularidades en la administración de un establecimiento de 2.000 hectáreas que fue expropiado por la Provincia. En cuestión está una cosecha valuada en millones de dólares y lo que sucedió con ella una vez que el Estado tomó control del predio.
La pesquisa salpica a funcionarios de diferentes niveles de la administración de Claudio Poggi. Entre los nombres mencionados figuran el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto; el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain; Diego Amondarain, su hermano y asesor; y Víctor Endeiza, exfiscal de Estado que posteriormente fue designado ministro del Superior Tribunal de Justicia.
Hasta ahora hay dos imputados: Ricardo André Bazla, exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, y Darío Oviedo Helfenberger. La contradicción es evidente: el funcionario que encabezaba el área de control ético quedó investigado por presuntos delitos vinculados con bienes estatales. Tras su imputación, el Gobierno eliminó esa Secretaría del organigrama.
El juez también revocó el apartamiento de Enrique Vaira y Alejandro Ingaramo como querellantes, considerando que pudieron haber sido víctimas de los hechos investigados. Esto les permite aportar pruebas y participar activamente del proceso.
La prórroga judicial descarta un cierre rápido del expediente. El caso seguirá activo durante siete meses más, manteniendo el foco en lo que pasó con la producción después de que la Provincia recuperó el campo en 2024.
