El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto desde el 1° de junio la obligación de rubricar documentación laboral ante autoridades locales, un trámite que había perdido validez legal.
La medida busca agilizar procesos administrativos para empleadores, aunque la Ciudad mantiene intactas sus facultades de fiscalización y control sobre el cumplimiento de normas laborales y de seguridad en los espacios de trabajo.
Según el comunicado oficial, la resolución deroga las regulaciones que exigían este procedimiento y garantiza seguridad jurídica: los trámites iniciados antes del 1° de junio continuarán bajo las reglas anteriores, y se devolverán los aranceles abonados cuando corresponda.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, afirmó que eliminar trámites sin sustento legal reduce costos y brinda previsibilidad a quienes generan empleo. El subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, destacó que se trata de una adecuación normativa que no afecta los controles.
La Ciudad deberá adaptar sus sistemas informáticos y procedimientos al nuevo régimen, manteniendo únicamente aquellas rúbricas que deriven de leyes especiales.
